Los presupuestos estatales priorizan el rescate de una entidad bancaria por delante de las políticas activas de ocupación, en especial las políticas de inserción laboral de personas con discapacidad
[dropcap color=”#336600″ font=”arial” fontsize=”40″]A[/dropcap]sí lo denuncia Dincat, entidad representativa de las personas con discapacidad intelectual en Catalunya, que considera innacceptable que el gobierno del PP haya previsto en los presupuestos anuales que Catalunya reciba un 56% menos para políticas de inserción laboral para este colectivo. Además, la entidad recuerda que esto supone incumplir la normativa del Estado (la LISMI) que obliga a subvencionar el 50% del salario mínimo interprofesional de las personas con discapacidad y trastorno mental que trabajan a los Centros Especiales de Trabajo.
[level-premium]
Según las cifras que se desprenden de los presupuestos, Catalunya recibirá 2.797 euros por cada persona discapacitada insertada laboralmente, mientras que en otros territorios como Galicia, reciben 10.637 euros por persona.
“Es muy grave que una persona con discapacidad en Catalunya tenga menos derechos que en otro territorio”, según Rosa Cadenas, presidenta de Dincat. “El derecho al trabajo es necesario, no sólo para garantizar la subsistencia y el bienestar de las personas con discapacidad, sino también para facilitar la integración social, y no permitiremos que se traspase esta línea roja”, afirma Cadenas.
Para hacer patente su malestar y rechazo, 15.000 personas se reunieron en el Arco de Triunfo de Barcelona el pasado 20 de mayo para defender el derecho de las personas discapacitadas a trabajar y a no depender sólo de las subvenciones para vivir como ciudadanos de segunda. Bajo el lema “Esto sí que no”, las entidades del sector denunciaron que el recorte del 56% en Políticas Activas de Ocupación en Catalunya anunciada por el Estado pone en grave peligro la tarea que realizan los Centros Especiales de Trabajo, las entidades de inserción local y las entidades de trabajo con apoyo que, sin ayuda de la administración, no podrán hacer frente al pago de las nóminas.
De hecho, ECOM, el referente de la discapacidad física en Catalunya, que reúne 184 asociaciones de personas con discapacidad física, ha entrado en quiebra técnica y se ha visto obligado a iniciar los trámites para presentar un Expediente de Regulación de Ocupación (ERO) que supondrá el cierre de los 11 Servicios de Integración Laboral (SIL) que tiene repartidos en Catalunya. Los SIL trabajan para insertar en el mercado laboral a las personas con discapacidad, necesidad más urgente que nunca en el contexto de crisis actual; en los últimos 4 años, los servicios de ECOM han insertado a más de 4.000 personas con discapacidad. ECOM se ha visto abocado a esta situación debido a los recortes en políticas de ocupación que el Gobierno estatal plantea en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para el 2012, y el anuncio del Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC) que este 2012 no saldrá ninguna convocatoria de programas de fomento de la ocupación.
“Pedimos a los Gobiernos español y catalán que reconsideren las consecuencias que pueden tener sobre las personas con discapacidad la desaparición de los Servicios de Integración Laboral o, en los casos más graves, de las entidades que trabajan para el bienestar de este colectivo, en un momento en qué estas personas se encuentran en un mayor riesgo de exclusión social, teniendo en cuenta la situación de crisis de nuestro país”, afirma ECOM en el comunicado de prensa dónde explica las razones de la presentación del ERO.
Además, un estudio de las Comisiones Obreras (CCOO) ha alertado del peligro de exclusión social a qué están sometidas las personas con discapacidad si se ejecutan estos recortes. El sindicato señala que desde que empezó la crisis en 2008, el colectivo registraba unos 4.000 desempleados, mientras que en 2011, la cifra ya superaba los 7.600, cosa que representa un incremento del 47%, un porcentaje por encima del crecimiento del paro entre la población total.
“Hasta ahora, se confiaba en qué las políticas de integración y ocupación eran una prioridad, pero con los recortes del 56% del presupuesto ya no se garantiza esta inclusión social”, señala Cristina Faciabén, secretaria de Socioeconomia de CCOO.
CCOO ha señalado ”el efecto nocivo” para el ejercicio de derechos con los cuales se había adelantado últimamente y lo ha calificado de ”retroceso” puesto que se podría dar la posibilidad que estas personas tengan que volver a vivir de pensiones sin cotizaciones, y por lo tanto, hacer ”un paso atrás” en su autonomía. Para el sindicato el impacto de la crisis y el paro ha afectado más a las personas con discapacidad y por lo tanto, también puede suponer un riesgo de pobreza para muchas personas del colectivo que en caso de perder el trabajo, y tener prestación de paro, sea una cantidad tan pequeña que dificulte su supervivencia.
En Catalunya hay más de 100 Centros Especiales de trabajo de iniciativa social, gestionados por entidades sin ánimo de lucro que mantienen más de 7.300 puestos de trabajo de personas con discapacidad de especiales dificultades. Y los recortes que se han anunciado tanto desde el Gobierno del Estado como desde la Generalitat suponen ponerlas en peligro.
[/level-premium]