Los datos indican que los miles de millones de euros al año que el Estado no recauda de los súper ricos hubieran evitado los grandes recortes en el Estado del Bienestar que hoy se están produciendo
[dropcap color=”#336600″ font=”arial” fontsize=”40″]E[/dropcap]l fraude fiscal en España representa el 23,3% del PIB, según datos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), hecho que sitúa al Estado español en lo alto del ranking de la Unión Europea de los 15 en envasión fiscal. El fraude fiscal representa una cifra muy elevada, en concreto 89.000 millones de euros, que el Estado deja de ingresar año tras año.
Además, según datos de Gestha, el fraude fiscal se concentra en un sector muy pequeño de la población. Las grandes fortunas y las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año son los responsables del 72% del fraude fiscal español.
Y ¿cómo lo hacen? Pues a través de la banca, que lo canaliza hacia paraísos fiscales, es decir, países dónde prácticamente no se pagan impuestos. De hecho, el Fondo Monetario Internacional calcula que una cuarta parte de la riqueza del mundo está depositada en paraísos fiscales.
En nuestro país, uno de los instrumentos que más utiliza paraísos fiscales son las sociedades de inversión de capital variable (las conocidas como SICAV). En total hay 3.113 que gestionan un patrimonio de 26.154 millones de euros de ricos y súper ricos que prácticamente no pagan impuestos.
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“Es de una enorme frivolidad el argumento que España ha logrado su límite con respecto al gasto, porque el país no da para más. Si en España la carga impositiva total fuera, con respecto al porcentaje del PIB, como la de Suecia, el Estado español ingresaría 200.000 millones de euros más de los que ingresa. Aquí está el quid de la cuestión: aquellos que deberán pagar mucho más de lo que pagan no son el ciudadano normal y corriente, sino el 10% de la población –los ricos y los súper ricos- que tienen un enorme poder político y mediático en este país”, afirma el economista Vicenç Navarro en un artículo publicado recientemente.
Para conseguir el objetivo de déficit marcado por Bruselaes, el Gobierno español ha decidido, entre otras medidas, subir el IVA. En este sentido, el colectivo Gestha ha afirmado que el aumento del IVA anunciado por el ejecutivo de Rajoy no hará subir la recaudación de los ingresos tal y como se espera.
Según sus datos de cada cien euros que se gastan en España el Gobierno español sólo consigue recaudar 9,7, ante los 12,3 euros de media que se obtienen en otros países europeos. En un comunicado argumentan que esta “falta de eficiencia” se debe, sobre todo, a “la evasión fiscal, que se acentúa en tiempo de crisis y a una lucha contra el fraude mal enfocada”.
Los técnicos de Hacienda defienden, en cambio, la creación de un Impuesto a las Transacciones Financieras que grabe estas operaciones, actualmente exentas de IVA.
La lucha contra el fraude fiscal no ha sido, ni ahora ni en el pasado, una prioridad para los gobernantes de nuestro país. España es el país que tiene menos inspectores de Hacienda en relación a la población tributaria. Hay un inspector por cada 1.680 contribuyentes, cinco veces inferior a la media de países como Francia y Alemania. Además, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centran en los autónomos y profesionales liberales, el fraude fiscal de los cuales representa, según los técnicos de la propia Agencia, sólo el 8% del fraude fiscal total.
La responsabilidad de impulsar estudios oficiales de la situación y permitir que las agencias tributarias autonómicas tengan acceso a la base de datos de la Agencia Tributaria para facilitar la detección del fraude fiscal y laboral es competencia del Gobierno español. La realidad, sin embargo, es que estos estudios no se han realizado y que no se facilita a las agencias autonómicas el acceso a estos datos.
La fiscalía sólo puede abrir diligencias, y juzgarlas en los casos que convenga, si las investigaciones de la Agencia Tributaria lo requieren. En este sentido desde Gestha denuncian que el 88% de la evasión fiscal anual en España queda impune.
“Tenemos la percepción que el poder no tiene ganas de enfrentarse a según quien” y que “si las leyes todavía no se han cambiado es porque los políticos que lo tienen que hacer tienen intereses en las grandes fortunas”, afirma Eulàlia Reguant, matemática y miembro de Justícia i Pau, en un artículo publicado por el Anuari Mèdia.Cat sobre fraude fiscal.
Algunos de los casos de presunto fraude fiscal más sonados del 2011 son el del abogado Emili Cuatrecases, presidente del bufete barcelonés Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, uno de los despachos más influyentes del Estado español, acusado de haber evadido 3,7 millones de euros; el de la familia Carulla, accionistas de la principal industria de alimentación catalana, Agroalimen, investigados por un presunto fraude fiscal de entre 2,4 y 6 millones de euros; y el del presidente de uno de los grupos editoriales más importantes del sector, grupo RBA, Ricardo Rodrigo, que la fiscalía ha denunciado por un presunto fraude fiscal de 2,3 millones de euros.
Las cifras sobre la economía sumergida aparecen de vez en cuando en los medios de comunicación, sobre todo en relación a los autónomos y profesionales liberales, pero, en cambio no tienen tanta presencia los grades responsables, es decir, las grandes fortunas defraudadoras y el mismo sistema que las favorece.
“En general se presenta el fraude fiscal de las grandes fortunas como casos aislados y puntuales evitando mostrar que la imputación de algunas personas de las élites catalanas para evadir impuestos es una dinámica cronificada, un robo al estado del bienestar y que es sólo la punta de un iceberg que estafa en Catalunya 14 mil millones de euros al año”, concluye el Anuari Mèdia.Cat publicado recientemente por el grupo de periodistas Ramon Barnils.
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